El lado oscuro de la migración en China

Miles de pobres que llegan del interior del país a Pekín tienen que rentar sótanos, sin ventilación ni luz natural. Abandonan su lugar de origen para buscar una mejor oportunidad de vida

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03/05/2014 03:54 Texto y fotos: Diego Torres/ Especial

PEKÍN, 3 de mayo.— Ma Xiaofeng lleva 10 años viviendo bajo tierra. Alquila por unos 75 euros al mes un sótano sin ventilación ni luz natural en el centro de Pekín. Comparte estancia con su mujer y su hijo de ocho años. De las paredes cuelgan las ropas tendidas, los dibujos del crío y decenas de cachivaches. No hay sitio para armarios. Apenas caben las dos camas, una mesa de estudio y la televisión. Para cocinar deben colocar un hornillo eléctrico en la penumbra del pasillo. El baño es comunitario: lo utiliza otra decena de personas. Ma y su familia, provenientes de la provincia de Anhui, pertenecen a un colectivo que los chinos llaman la “tribu de las ratas”.

 Decenas de miles de personas en Pekín, una de las ciudades con más millonarios del mundo, no pueden permitirse el lujo de regar sus casas con la luz del sol. Son generalmente jóvenes llegados de todos los rincones del país que habitan garajes o antiguos refugios contra bombardeos. La mayoría no tiene estudios superiores, pero también hay profesionales —enfermeros y oficinistas, por ejemplo— que están empezando su carrera. Los sótanos están organizados como dormitorios colectivos, con estrechos pasillos, habitaciones individuales, un vigilante de seguridad por planta y unas letrinas y duchas comunes.

 Otra opción para los pobres que desembarcan en la capital es lo que el gobierno denomina pueblos dentro de la ciudad, zonas rurales desvencijadas que han sido absorbidas por la expansión urbana.

 Liang Ping, de 28 años, vive en una de ellas. Originario de la provincia de Henan, aterrizó en Pekín hace dos meses junto a su mujer y sus dos hijos. Ella ya ha encontrado trabajo como cajera en un supermercado. A él, que busca también en tiendas o restaurantes, le han hecho alguna oferta. “Encontrar trabajo es fácil”, asegura. Pero no le han convencido. Aspira a ganar 600 euros. Ambos alquilan una pequeña habitación por 75 euros en Xinzhuangcun, un barrio caótico de casas de una altura, antiguas construcciones de ladrillo derruidas, naves de plástico organizadas como dormitorios colmena y basura acumulada por todas partes en el cuarto anillo periférico de la ciudad. Cocinan y se asean al raso, como la mayoría de los vecinos. Liang piensa quedarse ahí aun después de encontrar un trabajo adecuado. Le gusta estar rodeado de paisanos de su provincia y, además, “es lo más barato”, asegura.

 China no tiene los barrios de chabolas de las grandes ciudades de Latinoamérica, África o India. No hay nada parecido a las aglomeraciones de asentamientos ilegales, controlados en ocasiones por las mafias, azotados en muchos casos por la droga y la violencia, y desprovistos de los más mínimos servicios que existen en muchos países en vías de desarrollo. Los pobres de las grandes ciudades chinas pagan su renta a dueños que ostentan títulos de propiedad sobre las fincas. Tienen trabajo, luz y agua corriente. Sus hijos se vacunan y van a la escuela. Aún así, un tercio de la población de las urbes, de acuerdo a las estimaciones del centro de estudios Dragonomics, reside en unas viviendas que carecen de los mínimos estándares de comodidad extendidos en los países ricos.

 Es el lado oscuro de la mayor migración de la historia de la humanidad. Desde 1978, unos 560 millones de campesinos han abandonado sus aperos de labranza en busca de una oportunidad en las mastodónticas junglas de cemento del país. Otros 100 millones lo harán de aquí a 2020, año en el que la población urbana alcanzará 60% del total —en la actualidad es  53.7%—, según las previsiones del gobierno, que publicó el mes pasado el plan integral de urbanización 2014-2020.

 La estrategia china, en contraste por ejemplo con Latinoamérica, ha consistido en que los campesinos fueran llegando a la ciudad conforme la ciudad creaba suficientes oportunidades de trabajo para absorber a los nuevos habitantes”, asegura Yi Peng, director del centro de estudios Pangu, especializado en desarrollo urbano. “El punto negativo es que esto se ha producido a costa de una desigualdad y una injusticia enorme para los migrantes; es una cuestión que este nuevo plan trata de abordar y solucionar, pero que es muy difícil”, asegura el académico.

 El Ejecutivo de Pekín ha regulado el flujo migratorio discriminando legalmente a los recién llegados frente a los locales. Los precarios servicios sociales que presta el Estado no alcanzan a los pobres del campo. Un tercio de los habitantes de las ciudades carece del registro de residencia (hukou) urbano, que da acceso en plenitud a servicios como la educación, la sanidad, ayudas contra la pobreza y las viviendas subvencionadas. El tercio sin hukou urbano y el porcentaje equivalente a la población que malvive en infraviviendas, sin embargo, no son exactamente coincidentes. Al fin y al cabo, cualquiera —tenga el hukou apropiado o no— puede alquilarse una buena casa si la paga. Pero en la mayoría de los casos ambos grupos se solapan.

 La idea del plan publicado por la dirigencia es aliviar esta injusticia sin hacerla desaparecer por completo. El documento delinea una estrategia centrada en enormes inversiones en infraestructuras, vivienda protegida y servicios sociales; la canalización de los migrantes a las ciudades pequeñas y medianas —blindando las megaurbes como Pekín o Shanghai— y el acceso de más campesinos al hukou urbano. El costo estimado por el Ministerio de Finanzas para los próximos seis años asciende a unos cinco billones de euros —más que el PIB de Japón—, aunque parte de estos fondos saldrán de inversionistas privados y otra buena parte son proyectos que ya estaban en la agenda.

 A pesar de este despliegue de medios, en el año 2020 más de 200 millones de personas, 15% de la población total, seguirá siendo ciudadanos de segunda clase que viven en las urbes sin poder disfrutar de los mismos servicios que el resto. “Los dirigentes temen que suprimir por completo el sistema de hukou incremente demasiado la presión sobre las finanzas públicas”, explica Dang Guoying, experto en desarrollo rural de la Academia China de las Ciencias Sociales. El Ejecutivo estima que transformar a un campesino en ciudadano urbano de pleno derecho cuesta al menos unos 12 mil euros. Para dar servicios a los 200 millones de desclasados en 2020, el Estado debería gastar, por tanto, otros 2.4 billones de euros, una inversión que los líderes por ahora no están dispuestos a asumir.

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