En Venezuela desconfían de Nicolás Maduro

Ricardo José Hernández Vielma, alcalde opositor de Cárdenas, en Táchira, dijo a Excélsior que el gobierno del Presidente venezolano no actúa con sinceridad, y que tampoco quiere la paz ni tiene la intención de resolver, mediante el diálogo, los problemas económicos y la inseguridad que padece ese país

COMPARTIR 
05/03/2014 08:28 Pascal Beltrán del Río /Enviado

TÁRIBA, Venezuela, 5 de marzo.– “El gobierno de Nicolás Maduro no actúa con sinceridad”, sentencia Ricardo José Hernández Vielma, el alcalde de esta población, enclavada en la cordillera de Los Andes.

“No quiere la paz ni tiene intención de resolver mediante el diálogo los problemas económicos y de inseguridad que padecen los venezolanos.”

Quien habla es un político que, pese a ser opositor, había mantenido la cordialidad con el gobierno nacional.

En diciembre pasado, Hernández asistió a una reunión de alcaldes opositores electos con el presidente Maduro y le planteó los problemas de escasez y de violencia delincuencial que ya enfrentaban los lugareños.

El alcalde aseveró que el municipio de Cárdenas –cuya cabecera es Táriba– padecía de “una escasez tremenda”. Y habló de “las colas kilométricas que se hacen en cada uno de los supermercados cada vez que llega algún producto de la cesta
básica”.

Días antes, ante el gobernador del estado de Táchira, el también chavista José Gregorio Vielma, Hernández denunció que la policía municipal había sido virtualmente desmantelada pues le habían retirado armas y patrullas.

“Aquí no se trata de Ricardo Hernández ni de un grupo político que ha ganado unas elecciones, se trata de unos funcionarios policiales que en estos momentos están a la deriva y expuestos a la delincuencia, quienes al momento de salir a la calle y los delincuentes al verlos vulnerables pueden atentar contra su integridad física”, dijo el alcalde electo.

De ambas reuniones el alcalde salió con la promesa de que las autoridades nacionales y estatales trabajarían con él para resolver los problemas del municipio.

Cuando estalló la violencia en Táchira, el mes pasado, luego de que una manifestación de estudiantes de la Universidad de Los Andes contra la inseguridad fuera duramente reprimida, Hernández optó por mantener el diálogo con el gobernador y el Presidente.

“Hice mi mayor esfuerzo por resolver pacíficamente los problemas”, dice el alcalde, en entrevista con Excélsior. “Incluso me he expresado públicamente contra los trancones (bloqueos de calles), porque son ilegales. Pero la forma en que la Guardia Nacional y otros grupos han respondido a la protesta no puede tolerarse”.

Antier lunes, Hernández fue testigo de cómo grupos civiles armados al servicio del chavismo, apoyados por la Guardia Nacional Bolivariana, arremetieron contra manifestantes en esta ciudad, separada sólo por un río de San Cristóbal, la cuna de las protestas en Venezuela.

Dice haber recibido la alerta de un alcalde vecino de cómo se había coordinado un grupo civil, de los que aquí llaman “colectivos”, con la Guardia Nacional Bolivariana para “atacar a ciudadanos desarmados”.

Relata que se colocó “en un lugar estratégico”, desde donde vio llegar al colectivo, cuyos miembros persiguieron a los manifestantes hasta un condominio en una zona residencial conocida como Las Vegas de Táriba.

“Dispararon contra el edificio e incluso trataron de prenderle fuego”, denuncia Hernández. “Destruyeron una caseta de vigilancia y se metieron al estacionamiento, donde destruyeron varios vehículos”.

Imágenes distribuidas el lunes por la tarde por las redes sociales mostraron los efectos del ataque contra el conjunto residencial Don Luis III: una caseta en llamas y automóviles con leyendas contra el gobierno de Maduro a los que les habían roto los vidrios.

El alcalde narra que hizo varios intentos por contactar al gobernador José Gregorio Vielma, pero que éste nunca respondió a los llamados de auxilio.

Una vez que parecía haber bajado la violencia acudió al lugar, acompañado de un puñado de elementos de la policía municipal, sólo para encontrarse a los agresores celebrando los hechos y fundiéndose en abrazos con miembros de la Guardia Nacional, que habían llegado para protegerlos de los manifestantes.

“Cuando me vieron, quisieron agredirme, pero yo iba a bordo de una motocicleta de la policía municipal, y pude huir del lugar”, relató.

Hernández cuenta que más tarde comenzó a recibir amenazas de muerte contra él y su familia.

Éstas arreciaron cuando pidió a la población civil del municipio, habitado por unas 120 mil personas, que enviara fotos del ataque a una cuenta de correo electrónico creada ex profeso.

“Tuve que sacar a mi familia del municipio y resguardar mi casa con los pocos elementos de la policía municipal que tenemos”, denuncia el alcalde.

Interrogado sobre el curso que han tomado las manifestaciones en Venezuela que comenzaron hace un mes, Hernández dice que el gobierno de Maduro “no ha entendido” que el movimiento de protesta no es político sino social y que incluso ha rebasado a la oposición.

“Nadie lo convoca y nadie lo controla”, asegura.

Hernández sostiene que los llamados al diálogo que ha hecho el gobierno son hipócritas. “No hay otra forma de decirlo: el oficialismo habla de paz y luego manda grupos civiles armados, unos verdaderos delincuentes, para que parezca que es el pueblo el que se está enfrentando con el pueblo”.

Remata: “La única forma de parar esto es que alguien garantice el abasto de alimentos, así como la salud y la seguridad de los venezolanos. A mí no me importa quién lo haga. Si es el gobierno de Maduro, qué bueno, pero esto no se va a acabar con represión”.

Van a Colombia por productos básicos

Por segundo día consecutivo, habitantes de esta población fronteriza con Colombia bloquearon el puente intenacional para protestar contra el desabasto y la inseguridad en su país.

Frente al edificio de la Aduana, y ante la mirada seria de elementos de la Guardia Nacional Bolivariana, se paseaba Mis Escasez, una manifestante vestida con un peculiar disfraz de carnaval.

Su corona estaba hecha de cartón de huevo. Y de su vestido colgaban envolturas de todos los productos que hace tiempo no se pueden encontrar en los almacenes de Venezuela: pasta de dientes, leche, arroz, detergente, papel de baño...

Por este puesto fronterizo pasa 80% de las exportaciones colombianas a este país, que alcanzaron una marca histórica de 2 mil 700 millones de dólares en 2012, pero que el año pasado se desplomaron 14% ante la agudización de la crisis venezolana.

Hoy una parte de las exportaciones colombianas ocurre por necesidad. Sin importar que algunos productos puedan costar hasta cinco veces más del otro lado de la frontera, todos los días venezolanos residentes en San Antonio del Táchira y pueblos vecinos cruzan el puente internacional Simón Bolívar para llevar de regreso artículos que no pueden conseguir en su país.

Una de ellas es María Luisa Jiménez, de 72 años de edad, quien camina hacia el lado venezolano de la frontera cargando dos bolsas en las que lleva arroz, harina, aceite, jabón y papel de baño.

“Me costó muy caro, pero ¿qué podemos hacer?”, dice, con resignación, mientras descansa un momento a la mitad del puente, donde la circulación está interrumpida por el bloqueo.

Obviamente, en el lado colombiano de la frontera las ventas se han elevado.

Hasta hace algunos meses, era común que los habitantes de Cúcuta y otras ciudades de Colombia cruzaran la frontera para surtir la despensa, porque los precios son mucho más bajos.

Pero ahora, la escasez en Venezuela ha provocado que la mayoría de los cruces con ese propósito sucedan en sentido inverso.

 

San Cristóbal, desierta tras choques

Para el recién llegado, la capital del estado de Táchira, donde se originó la ola de protestas que vive este país desde el mes pasado, da la impresión de ser una ciudad fantasma, abandonada súbitamente por sus pobladores.

Este martes era raro el negocio que estuviera abierto y muy poca gente deambulaba por sus calles.

En un recorrido que hizo
Excélsior se pudo observar que en diversos entronques aún humeaban los restos de las barricadas –armadas con basura, muebles viejos, llantas  y piedras– que los manifestantes montaron el lunes para paralizar esta población de 650 mil habitantes.

Fundada por los conquistadores españoles en 1561, es una de las ciudades más antiguas de Venezuela.

A los sancristobalenses les gusta que los reconozcan y los recuerden por su cordialidad. De hecho, ese es el lema de la ciudad. Pero en otras partes de Venezuela ese rasgo de identidad suele confundirse con la dejadez.

El jueves 6 de febrero, estudiantes de la Universidad de Los Andes dieron un mentís a ese estigma, al sitiar violentamente la mansión del gobernador de Táchira, luego de que fuera reprimida una manifestación para protestar contra el intento de violación de una alumna cuando ésta tomaba un atajo por el jardín botánico.

Agobiados por la inseguridad creciente, estudiantes habían convocado a movilizaciones el 4 de febrero. Ese día, Reinaldo y Leonardo Manrique y Jesús Gómez, quienes encabezaban una marcha en Paramillo, un barrio al norte esta ciudad, fueron apresados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y enviados a una cárcel de alta seguridad en Coro, estado de Falcón.

Para cuando liberaron a los detenidos, era demasiado tarde. Los guarimberos (resistentes) habían impuesto su ley y el gobierno no ha logrado aplacarlos pese a haber militarizado el estado –por el camino que serpentea desde la frontera colombiana hasta aquí es obvia la presencia de soldados con boina roja enviados por Maduro– y ordenado el vuelo de aeronaves militares sobre su capital.

Los hechos en San Cristóbal prendieron la mecha de una serie de movilizaciones sociales en casi toda Venezuela, que tiene en vilo al gobierno de Nicolás Maduro y durante la cual han muerto 18 personas.

Pero Táchira no es sólo el epicentro de la rebelión, sino el estado que se mantiene al frente de la exigencia de que renuncie el Presidente de Venezuela.

En las manifestaciones del lunes, los opositores al régimen exigieron públicamente que esa renuncia ocurra antes del miércoles 12 de marzo o ellos mismos recorrerán los 800 kilómetros que los separan de Caracas para asegurarse de que lo haga.

Histriónico, quizá, pero también una muestra de la desesperación que tiene tomada por el cuello a los gochos, como se conoce a los habitantes de esta región.

Hace tres semanas que el transporte público no funciona aquí. Los supermercados, como el Makro y el Garzón de la avenida España, están cerrados por falta de víveres. La agencia automotriz KIA de la avenida Quinta hace meses que no tiene un solo vehículo que vender, pero aunque los tuviera, sería imposible conseguir refacciones. En barrios como La Concordia, Pueblo Nuevo o Unidad Vecinal se acumulan montones de basura que no ha sido recogida por varios días. Muy pocas gasolinerías venden combustible.

Ésta es una situación que se fue fermentando desde el año pasado. En diciembre, cuando los venezolanos fueron a las urnas para elegir autoridades municipales –en unas elecciones que habían sido pospuestas por el fallecimiento del presidente Hugo Chávez–, la oposición propinó varias derrotas al oficialismo.

Una de las principales ocurrió justamente en Táchira, donde la oposición, encabezada por la Mesa de la Unidad Democrática, se llevó 18 de los 29 municipios del estado, de los cuales nueve fueron arrebatados al oficialismo.

Entre los que ganó están Simón Bolívar (San Antonio del Táchira) y Pedro María Ureña, que colindan con Colombia, y el de San Cristóbal, la capital estatal.

En este último, el opositor Daniel Ceballos –del partido Voluntad Popular, del encarcelado opositor Leopoldo López– se llevó 68% de los sufragios frente al oficialista José Gregorio Zambrano.

Una sola colonia de la ciudad parece mantenerse firme en su apoyo al oficialismo. Es la 23 de Enero, que se desparrama sobre las faldas de uno de los cerros de San Cristóbal, comunicada con una de sus avenidas principales por escaleras interminables.

Le llamaron así porque el 23 de enero de 1958 se fue al exilio el dictador Manuel Pérez Jiménez, oriundo de Táchira, igual que el expresidente Carlos Andrés Pérez. Y ese mismo día, un grupo de personas sin techo ocupó las tierras y se asentó en ellas.

Hoy la 23 de Enero es conocida como la zona más peligrosa de la ciudad, donde se ocultan los ladrones y los asesinos. Ahí no se veían restos de barricadas ni una sola pinta que no favoreciera al régimen.

Hoy muy pocos sancristobalenses pusieron pie en las calles de la ciudad, pero aquí casi nadie se atreve a decir que no volverán a salir para armar la guarimba cada vez que sea necesario.

Comentarios

Lo que pasa en la red