Excarcelados abogan por la libertad de los etarras

Más de 60 militantes de la organización terrorista pidieron a la justicia española que le otorgue al País Vasco el derecho a decidir sobre la situación penitenciaria de sus compañeros

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05/01/2014 08:06 EFE, AFP y Notimex / Fotos: AP y Reuters

MADRID, 5 de enero.— En un controvertido acto, más de 60 miembros de la organización terrorista ETA puestos en libertad los últimos meses por la justicia española pidieron una “solución integral” para el País Vasco, que incluya el reconocimiento del “derecho a decidir” de los vascos y la liberación del resto de los presos de ese grupo.

En un controvertido acto celebrado en la ciudad de Durango, en la provincia de Vizcaya (País Vasco), José Antonio López Ruiz, Kubati, condenado a 1,210 años de cárcel, de los que cumplió 26 años en prisión por 13 asesinatos, leyó un comunicado en nombre de los excarcelados y mediadores de los presos de ETA en el que formulaban sus peticiones.

La solución del conflicto vendrá del desarrollo de un planteamiento integral. Atendiendo a la misma raíz política y eso debería concretar el derecho a decidir que tiene el pueblo vasco”, dijo Kubati.

En el texto leído durante el acto, los excarcelados consideraron “urgente” solucionar el caso de los etarras que siguen en prisión y aceptaron su “responsabilidad en lo relativo a las consecuencias del conflicto”.

Sin embargo, los expresos no manifestaron arrepentimiento ni han pedido el desarme y la disolución de ETA, a la vez que aseguraron haber sido víctimas de “las leyes y medidas de excepción”.

Anuncian compromiso

Los etarras liberados gracias a la derogación de la Doctrina Parot expresaron su compromiso “total” con el nuevo escenario político abierto en el País Vasco tras la renuncia de ETA a la violencia y la apuesta por el diálogo, y manifestaron su “total conformidad” con el comunicado de diciembre pasado en el que Colectivo de Presos de ETA (EPPK), en el que reconocían el “sufrimiento y daño multilateral” causado y aceptaban someterse a la legalidad penitenciaria.

Como Kubati, otros miembros de ETA fueron excarcelados después de que la Justicia española derogó la llamada Doctrina Parot, una práctica por la que se alargaba la permanencia en la cárcel de autores de crímenes graves.

Esta derogación respondió a un dictamen en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la retroactividad de la Doctrina Parot. En España, la mayor pena contemplada en el código penal es de 30 años de cárcel, que pueden ser reducidos por beneficios penitenciarios.

Asociaciones de víctimas del terrorismo habían solicitado la prohibición de ese acto celebrado ayer, pero el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó esa petición una media hora antes de su comienzo al afirmar que no apreciaba delito de enaltecimiento del terrorismo en el mismo, aunque pidió a la policía regional vasca que vigilara el desarrollo del evento.

En un auto judicial, después de que la Fiscalía se manifestara el viernes en el mismo sentido, el magistrado quiso aclarar el tema, dada la repercusión mediática y “la confusión que ello provoca en la ciudadanía”.

Sostuvo que no prohibir el acto “no significa que el juez consienta, autorice o permita la reunión”, ya que la Constitución establece que el derecho de reunión y manifestación no requiere autorización previa.

Eso sólo acontece en regímenes dictatoriales y además, llanamente, el Poder Judicial no está para eso, sino para lo que establece la Constitución”, añadió.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia calificó el acto de “humillación” y “bochorno”, así como de la “mayor vergüenza ocurrida en España” y un ejemplo de “impunidad de ETA permitida por parte de la Audiencia Nacional”.

Hemos sido excarcelados un gran número de personas al mismo tiempo pero aún es mayor el grupo de compañeros que continúa en las cárceles españolas y francesas y solucionar este problema es urgente”, dijo Kubati.

Este 2014, el 25 aniversario de la dispersión, debe traer el cambio de la política penitenciaria”, agregó.

 

Advierten que gobierno español no cederá

España se mantendrá firme en su política penitenciaria hacia los presos de ETA, afirmó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en respuesta a la declaración en la que los etarras encarcelados flexibilizaron su postura.

El colectivo de presos EPPK, que representa a cientos de militantes del grupo armado independentista vasco dispersos por cárceles españolas y francesas, aludió por primera vez el 28 de diciembre a posibles gestiones individuales para lograr su liberación, abandonando así la exigencia de una amnistía colectiva.

Esa declaración (...) no va a tener ninguna virtualidad ni ningún valor en lo que hace referencia a la política antiterrorista del gobierno en general, ni en la política penitenciaria en particular, ni en la política de dispersión más en concreto todavía”, afirmó Fernández Díaz.

Sucesivos gobiernos españoles han llevado a cabo durante años una firme política de dispersión de los presos de ETA con el objetivo oficial de evitar que se organicen en las cárceles.

Las familias de los presos, obligadas a recorrer grandes distancias para visitarlos, consideran esta medida como una represalia, y el acercamiento de los encarcelados al País Vasco sigue centrando las reivindicaciones etarras.

Podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa —nuestra excarcelación y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria (País Vasco)— se efectuase utilizando cauces legales, aun cuando ello para nosotros implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena”, afirmó el colectivo en un comunicado.

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