CIUDAD DE MÉXICO, 22 de marzo.- Al cumplirse un año de la tregua entre las pandillas Mara Salvatrucha y M-18 en El Salvador, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés afirmó que el número de homicidios disminuyó 52.4% de marzo de 2012 a marzo de 2013.
“Luego de tres décadas de intentos fallidos del gobierno para reducir la violencia entre las pandillas, superó en 30% su promesa de bajar la tasa de homicidios a fines de 2012”, reportó ayer el Council on Hemispheric Affairs (COHA), un centro de análisis de Washington.
“¿Por qué triunfó él donde otros fallaron?”, se preguntaron los investigadores de COHA y los líderes de la comunidad salvadoreña que el 15 de marzo acudieron a la embajada de El Salvador en Washington a escuchar las explicaciones del ministro.
El militar dijo que los primeros pasos para abatir el número de crímenes de tres mil 697 en diciembre de 2011 a mil 761 en diciembre de 2012 fue la creación de “zonas libres de violencia” con el visto bueno de los mismos líderes de las pandillas, que acordaron también el cese de los asesinatos de conductores de autobuses y la prohibición del reclutamiento de nuevos pandilleros cerca de escuelas.
No fue fácil. Los investigadores del Consejo de Asuntos Hemisféricos –el significado de COHA en español – informaron en su página electrónica que Munguía Payés no se disculpó por ayudar a preparar la negociación de la tregua con los líderes de las pandillas.
“Si alguien tiene una mejor solución (…) dejemos que esa persona la ponga sobre la mesa”, dijo el ministro.
Como el gobierno no puede sentarse a la mesa con los grupos criminales, entonces Munguía Payés ayudó a crear un espacio para que la sociedad civil, la Iglesia católica y los líderes de las dos principales pandillas encontraran una solución eficaz para la sociedad y para unas 500 mil personas allegadas a ellos, entre familiares y amigos. Las autoridades estiman que hay unos 65 mil pandilleros en El Salvador.
El ministro advirtió de “la necesidad” de dar más entrenamiento a la policía, más recursos a las instituciones judicial y penal, y erradicar la corrupción.
