Deberán modificarse curvas de Línea 12: Mancera

El jefe de Gobierno del DF informó que la compañía Systra certifique que la Línea 12 puede operar con seguridad, se reanudará el servicio

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12/06/2014 05:49 Gerardo Jiménez, Luis Pérez Courtade y Francisco Pazos
De acuerdo con los estudios el desgaste ondulatorio será recurrente por lo que habrá que adecuar el mantenimiento a esta condición para evitar mayores afectaciones. Foto Archivo

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de junio.- En las próximas horas el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) revelará si ya existe una resolución sobre la demanda promovida por el Gobierno del Distrito Federal en contra del consorcio constructor de la Línea 12 (ICA-Alstom-Carso) por el contrato de obra pública a precio alzado.

El gobierno capitalino promovió el 24 de abril pasado una demanda de acción declarativa ante el Juzgado 61 Civil del TSJDF, cuya finalidad es que la juez declare si a partir del contrato de obra pública a precio alzado, todos los trabajos que el consorcio calificó como extraordinarios en realidad formaban parte de dicho documento.

Fuentes del TSJDF confirmaron que esta demanda de acción declarativa ante el Juzgado 61 Civil es una figura legal que se encuentra contemplada en el Código Civil para que el juzgado determine cuál de las partes tiene la razón en diversos puntos del contrato establecido.

El argumento de la nueva demanda del GDF es que el contrato con el consorcio fue firmado en la modalidad de precio alzado que, de acuerdo con la Ley de Obras Públicas, “no podrá ser modificado en monto o en plazo, ni estará sujetos a ajustes de costos”.

Las modificaciones en los montos previstos para estos contratos sólo se permiten cuando hay circunstancias económicas generalizadas, ajenas a la voluntad de las partes, sin que sea posible permitir pagos por trabajos adicionales que tengan por objeto modificar o subsanar omisiones o errores del contratista en el proyecto ejecutivo contratados.

A finales de 2012, el consorcio había presentado una demanda ante la juez 41 Civil, Ana Mercedes Medina, para exigir el pago de tres mil 835 millones de pesos por trabajos extraordinarios en la Línea 12, de los que tres mil 186 millones correspondían a ICA y el resto a sus socios. Sin embargo, ese juicio ya no está en curso, confirmaron fuentes judiciales.

El pasado 9 de mayo, el consorcio presentó una nueva demanda civil por incumplimiento de contrato contra el gobierno de la Ciudad de México, pero ya no ante el TSJDF, sino ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil.

El 23 de abril de 2013, la juez 41 ordenó a las partes someterse a un proceso de conciliación contractual fuera de juicio, por el que en diciembre de 2013 se acordó que un especialista independiente resolvería si hubo trabajos adicionales.

“El 16 de enero de 2014, se emitió la opinión del experto que confirmó que se habían realizado obras adicionales y extraordinarias fuera del contrato. No obstante, el proceso de conciliación concluyó sin el cumplimiento de la resolución que se acordó”, explicó ICA a sus accionistas.

Registros oficiales indican que la juez federal Irma Rodríguez Franco se declaró incompetente para conocer del caso, resolución que fue apelada el 21 de mayo por el consorcio y está a revisión en el Tercer Tribunal Unitario en Materia Civil.

ICA no se pronuncia

Representantes del consorcio constructor indicaron que las empresas ICA, Carso y Alstom no se pronunciarían al respecto de la demanda que interpuso el GDF en su contra por trabajos que, presuntamente, debieron realizarse de acuerdo con el contrato 8.07 C0 01 T.2.022.

 No obstante se manifestó por la necesidad de avanzar en las labores de reparación en vías con el objetivo de retomar a la brevedad las operaciones en el tramo elevado, que permanece cerrado desde el 12 de marzo pasado.

 De acuerdo con el contrato original, fechado y firmado el 17 de junio de 2008, el costo por los estudios, anteproyectos, proyectos y construcción de la Línea 12 sería de 17 mil 583 millones 500 mil pesos, para su ejecución total, en tiempo y forma.

 En la cláusula segunda denominada “Monto del Contrato” se estableció que el total es una “cantidad fija, por lo que no podrá modificarse bajo ninguna circunstancia” y si el consorcio lleva a cabo trabajos por un valor mayor al establecido, no tendrá derecho de reclamación.

Cuesta el uso de RTP

El uso de los 300 autobuses de la Red de Transporte Público (RTP) que dan servicio en las 11 estaciones suspendidas de la Línea 12, ha significado, de marzo pasado a la fecha, un gasto de cien millones de pesos, es decir, casi un millón al día.

Édgar Amador, secretario de Finanzas del DF, aseguró que el presupuesto para las unidades está garantizado hasta la reapertura de las estaciones, y la cantidad derogada, más lo que se acumule, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) tendrá que restituirla a la RTP.

Dijo que la cifra podría seguir aumentando conforme se extienda la situación en la Línea 12.  Agregó que la Red, a cambio de apoyar a esta línea ha dejado de ejecutar programas que impactan en su servicio, adquisición de refacciones y reducción de inventarios, pero “no existe riesgo de fallas en su funcionamiento y próximamente  tendrán cien autobuses más.”

Aclaró que el recurso que se ha dado para el diagnóstico de TSO y SYSTRA, y a la Contraloría General del DF, para una investigación  alterna, asciende a más de 40 millones de pesos y entra en el ejercicio fiscal 2014.

Respecto a la creación del fideicomiso del Metro para el manejo de recursos generados por el aumento de dos pesos a la tarifa, explicó que no se ha conformado, pues ahora deben apegarse a lo que dicta la reforma al Artículo sexto de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente.

Indicó que los 400 millones de pesos que ha acumulado el Metro hasta ahora “no se tocarán” en  fines  diferentes a los establecidos, e  irán a la compra de 45 nuevos trenes, mantenimiento y renovación de forma integral de la Línea 1, entre otros.

Señalan omisiones

La Comisión Investigadora de la ALDF, acusó a todos de ser responsables de las fallas en L12.

El informe preliminar de la Comisión Investigadora de la Línea 12 del Metro en la Asamblea Legislativa señala omisiones por parte del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Proyecto Metro (PMDF) y consorcio constructor, causantes de la suspensión de servicio en 11 estaciones.

La comisión informó sobre posibles tramos de responsabilidad antes y después de la inauguración en lo que refiere a obra civil, mantenimiento, trenes y equipamiento electromecánico, de funcionarios públicos y representantes de estas instancias, sin mencionar nombres.

El informe remarca que la obra inició sin contar con un proyecto ejecutivo, con trabajos parciales, además de falta de coordinación al haber realizado las contrataciones de la obra y material rodante, por unidades administrativas diferentes: STC con el arrendamiento de trenes y la parte civil y electromecánica, el PMDF.

Jorge Gaviño, presidente de la Comisión señaló que el desgaste ondulatorio al ser un problema común en todos los sistemas de trenes férreos, debió ser predecible, “por lo que se considera una omisión por parte del PMDF, del Consorcio y del STC, no haberlo considerado en el mantenimiento.”

En cuanto a la licitación, indicó que no garantizó cabalmente las mejores condiciones y la oferta presentada por el consorcio no contaba con el soporte documental del importe.

“Se hacen evidentes las deficiencias por parte del PMDF y STC, en cuanto a la supervisión, administración y control de los trabajos de mantenimiento que el consorcio debió efectuar el primer año”, dice el documento  y agrega que el consorcio “debe asumir plenamente la corrección de vicios ocultos que se documenten rigurosamente y que CAF deberá asumir los costos del reperfilado de ruedas.

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