Presentan recurso contra pago en L12

No hubo acuerdo entre consorcio constructor y el GDF, confirma contralor general

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26/04/2014 03:20 Kenya Ramírez
El contralor general, Hiram Almeida, informó que la dependencia a su cargo se encuentra en la etapa de integración de las auditorías e investigaciones sobre las fallas en la Línea 12 del Metro. Foto: Cuartoscuro/Archivo

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de abril.- El gobierno capitalino interpuso un recurso de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación para no pagar los 489 millones de pesos que la Secretaría de la Función Pública exige como reembolso por la supuesta falta de comprobación en gastos de la Línea 12 del Metro.

Hiram Almeida Estrada, contralor general del GDF, dijo que en esta semana iniciaron el procedimiento para anular dicha petición, pues se trata de una devolución que correspondería a otro ciclo de ejercicio presupuestal.

Existe una solicitud por parte de la Secretaría de la Función Pública, misma que ha sido combatida o impugnada con un recurso de nulidad ante el Tribunal Fiscal de Federación. 

“La Función Pública tiene los criterios y la libertad de emitir lo que ellos consideren, pero creo que el gobierno de la ciudad es responsable de sus actos y está realizando las acciones jurídicas para que estos recursos permanezcan en la ciudad, y que los actos en los que se basa esta solicitud  puedan ser determinados como nulos”, dijo el funcionario.

Al comparecer este viernes ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el contralor general dijo que el procedimiento conciliatorio entre el consorcio constructor de la Línea 12, conformado por ICA-Carso y Alstom, y el GDF, no se pudo solucionar y no hubo acuerdo en cuanto a la demanda de cuatro mil 500 millones de pesos interpuesta por las tres empresas por supuestas obras adicionales fuera del contrato original.

El contralor general informó a los diputados que su dependencia se encuentra en la etapa de integración de las auditorías e investigaciones sobre las fallas del Metro.

Dos de las auditorías corresponden a los trenes: contratación, mantenimiento, puesta en servicio, condiciones que presentan y situación jurídica.

La lista de expedientes de los involucrados, entre ellos funcionarios, exfuncionarios y empresarios o representantes legales de las partes que conformaron el proceso de construcción y diseño del proyecto, creció de 28 a 38 en unas semanas.

 “Se han implementado la Auditoría 5G y la intervención 10F, cuyo objeto y alcance es observar la condición y situación jurídica de los trenes del sistema; se implementaron auditorías específicas enumeradas como la 17G y 18G, cuyo objeto y alcance obedece a la revisión y diseño del proyecto, ejecución de obra, condición contractual, regímenes jurídicos y obligación.

“Pagos de supervisión de trabajos realizados de obra civil y obra electromecánica, calidad de materiales de construcción utilizados, compatibilidad en vías y material rodante, mantenimiento correctivo-preventivo y elementos de fallas presentes”, indicó Almeida Estrada.

Además, la Contraloría informó que ha hecho tres recorridos con fedatarios  públicos para el  levantamiento de actas respecto a la identificación y verificación de la instalación y fallas.

“Se han citado y recabado 38 declaraciones de personas involucradas”, puntualizó.

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