Exhortan a aprobar código penal único

En la primera asamblea de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Edgar Elías Azar dijo que no habrá justicia si se sigue aplazando

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18/01/2014 05:40 Ximena Mejía/ Enviada

CUERNAVACA, Mor. 18 de enero.- En el país no habrá justicia penal, si no es aprobado el Código Nacional de Procedimientos Penales por parte de la Cámara de Diputados, aseguró el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar.

Durante la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), que también preside, realizada ayer en esta ciudad, exhortó a los legisladores a no continuar aplazando la aprobación del código para la aplicación total del sistema de justicia.

Acompañado por los titulares de los Tribunales Superiores de Justicia de todos los estados del país, Edgar Elías Azar habló de la necesidad de acordar dos iniciativas en las que cada entidad tenga la facultad de sustituir a los jueces que no estén capacitados para ejercitar el nuevo sistema penal acusatorio que entrará en vigor a mediados de 2016.

Subrayó la importancia de impulsar reformas constitucionales que garanticen la autonomía financiera de los tribunales, debido a que dependen de las decisiones de los estados.

Aunque el magistrado celebró la asignación del presidente Enrique Peña Nieto de una partida de seis mil millones de pesos dividida en dos: una de cinco mil millones de pesos y otra de mil millones, para poner en marcha el sistema de oralidad en los estados, subrayó que “nunca será suficiente el gasto en justicia” y que el éxito de la ley se basará en el hecho de que los apoyos presupuestales continúen fluyendo.

“Esos cinco mil millones de pesos sabemos que no son suficientes (aun agregados otros mil millones), pero son muy importantes y de ahí se van a generar muy buenos proyectos.

Eso va a ayudar a las economías estatales para poder sacar el sistema oral”, dijo y además informó que la Secretaria de Gobernación buscará recursos en otros programas.

En la reunión donde se aprobó el programa de trabajo 2014- 2015 de la Conatrib, Elías Azar informó que en el caso de la Ciudad de México se recibió del presupuesto asignado por el Ejecutivo Federal de mil 200 millones de pesos, sin especificar, por el momento, en qué obras y a cuántas contrataciones se asignará.

En compañía de los magistrados Marcos Alejandro Celis Quintal, titular del tribunal de Yucatán y la magistrada María Lara Chávez, de Morelos, presumió el éxito en esos dos estados en cuanto a la implementación del sistema oral en juicios relativos a casos mercantiles, civiles y familiares.

Detalló que los juzgados del Distrito Federal reciben al año 370 mil casos, pero con la aceptación de la ley, se busca apresurar los tiempos de resolución, llegar a medios alternos como acuerdos extrajudiciales, conciliación y, sobre todo, que los jueces interactúen con los acusados y no sólo por expedientes como se hace actualmente.

El presidente de la Conatrib afirmó que aunque no hay fechas ni cifras exactas para la implementación de la reforma en cuanto la construcción de nuevos edificios, contratación de jueces especializados y capacitaciones, si ésta no estuviera lista para el 2016 se deberá “encontrar como responsables a los políticos y no al poder judicial”.

Ante este panorama, Elías Azar enfatizó que en caso de no cumplirse la implementación de la reforma, México estaría sin un sistema penal y no se podría juzgar ni sancionar a los delincuentes.

Entre los acuerdos llegados entre los presidentes de los tribunales para este año destacan lograr la implementación de la licenciatura en ciencias forenses en todo el país, ya que únicamente se ofrece en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNA M). Además de crear un sistema de información sobre la protección judicial de los derechos humanos.

Explicó que para ser cumplidas las expectativas esperadas por la reforma, no son sólo los jueces quienes deben estar preparados, sino también los ministerios públicos, los policías, los abogados y los peritos.

El magistrado sostuvo que aunque la sociedad al principio vea problemas en la aplicación del modelo, los errores se se irán saldando en el camino con la experiencia.

 

Avala fallo de la Corte

La aprobación de la la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la geolocalización de celulares vulnera los derechos de privacidad y protección de datos de las personas, considera Mucio Israel Hernández, del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del DF (InfoDF).

Explicó que debido a que no existe una Ley General de Protección de Datos Personales en el país, las compañías de telefonía celular podrán dar a conocer, por petición de los jueces, los “perfiles digitales” de los dispositivos móviles que contienen domicilios, RFC, CURP.

El también coordinador de Datos Personales de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip), indicó que este dictamen de la corte deberá significar un debate sobre ambos derechos.

La Suprema Corte discutió que esta medida no puede hacer identificable a las personas, pero me parece que sí lo hace visible”.

Consideró que los ministros no tomaron en cuenta los argumentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estableció el derecho a la privacidad como primer punto para negarse, sino se basó en “asuntos administrativos”.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Edgar Elías Azar, mostró su respetó la decisión de la Corte, cuyas sentencias, dijo, “no se discuten, se obedecen y se acatan. Con esta implementación se podrán atender delitos de alto impacto”.

Explicó que con esta modalidad se podrán reducir los tiempos para rescatar a víctimas de los delitos de alto impacto como son el secuestro, la extorsión y el crimen organizado.

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