CIUDAD DE MÉXICO, 22 de marzo.-El Consejero Jurídico del Gobierno del Distrito Federal, José Ramón Amieva, aseguró que en el caso de la Plaza Jolie, ubicada en Jardines del Pedregal y en todos los casos donde se detecten irregularidades en el uso de documentos, se actuará conforme a derecho observando en todo momento la legalidad, según la instrucción que recibió del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Comentó que aunque su dependencia no interviene de manera directa en este asunto que involucra a la empresa Ciber México con un presunto fraude procesal al usar un amparo de manera ilegal, llevan a cabo diversas acciones para garantizar certidumbre jurídica a desarrolladores, constructores y vecinos respecto a los usos de suelo que hay en las diferentes zonas de la ciudad.
“En materia de uso de suelo hay muchas cosas que se están realizando, primero contar con un registro en donde se impida cualquier modificación de los datos o desaparición de documentos o inclusión de documentos que sean autorizados de acuerdo a la normatividad”.
“Segundo, una observancia de manera directa sobre cuáles son los usos de suelo que prevalecen en los predios y después todo este seguimiento que está haciendo el Instituto de Verificación Administrativo del Distrito Federal (InveaDF) sobre las manifestaciones de uso de suelo y construcción que se están llevando a cabo, es decir si no se cuenta con una certeza jurídica y administrativa es difícil que se genere una confianza en el tramite que se da”, explicó.
El funcionario comentó que sigue atento las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia capitalina en torno a este caso, además del actuar conjunto que hacen la delegación Álvaro Obregón y el InveaDF
“La instrucción del doctor Mancera que siempre nos ha dado es que observemos la legalidad y si se necesita la participación de la Consejería Jurídica estaremos dispuestos”, sostuvo.
La Plaza Jolie, ubicada en el predio de avenida de Las Fuentes 425 esquina Agua, en Jardines del Pedregal se encuentra resguardada por la PGJDF como parte de las investigaciones por un fraude procesal cometido por la empresa Ciber México, cuyo dueño, José Francisco Ibáñez Rivero, es prófugo de la justicia desde hace dos años.
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