París bien vale un amparo

Un debido proceso salomónico, pensaba ayer cuando leía sobre el inicio de la discusión en la SCJN. Que partan a Florence Cassez en dos, así México y Francia se quedaban cada uno con un trozo. Metáfora, por supuesto. Lo que sucedió fue otra cosa, un vuelco de 180 grados que pone a la impartición de justicia de nuestro país, una vez más (de tantas), como el hazme reír dentro y fuera de sus fronteras. Cualquiera que entienda lo que sucedió ayer sabrá que, de la risa, fácil se llega al llanto y, claro, al enojo que trae la impotencia. Porque nadie aplaude que se dicten sentencias sin “debidos procesos”, pero tampoco que el proceso sea un fin en sí mismo y termine por desestimar la diferencia entre culpabilidad e inocencia. Si el imperio de la ley y el imperio de la justicia no van de la mano, entonces ninguno de ellos sirve para nada...

En esta última discusión sobre el caso Cassez, no se juzgó, en ningún momento, sobre su culpabilidad o inocencia. Aquello importó poco, aunque el ministro Cossío, uno de los dos que fallaron en contra del amparo que finalmente fue concedido a favor de la francesa, decía que las fallas de procedimiento no anulaban los testimonios de las víctimas. Y es que la discusión giró en torno a las irregularidades que, para efectos de la sentencia de 60 años que Cassez purgaba en el Penal de Tepepan, suficientes, según la ministra Olga Sánchez Cordero, para dejarla en libertad:

“Está libre, pero no es inocente (...) En lo personal, estoy satisfecha de la resolución que tomó mayoritariamente la SCJN (...) Las víctimas tienen derecho a la justicia y tienen derecho a la verdad; sólo se puede dar la verdad y la justicia cuando se respetan estos derechos de las víctimas, pero cuando también se respetan irremediablemente, irrestrictamente los derechos de las personas que han sido acusadas (...) Las declaraciones de las víctimas se fueron modificando (...) es una extranjera, no tuvo asistencia consular; hay varios más agravantes: precisamente que las declaraciones de las personas se fueron modificando respecto al montaje de la televisión...”, me dijo ayer en entrevista ella misma, la ministra Sánchez Cordero.

Y, bueno, ante tal juicio qué se puede hacer. La decisión fue tomada y Cassez para estos momentos estará ya en París, reiniciando una vida en su país, el mismo que incluso durante la tensa relación con México, originada por su caso en los tiempos Calderón-Sarkozy, jamás pidió su libertad, sino que cumpliera su sentencia allá.

Con su libertad resuelta, trofeo para sus abogados, ahora deberá ocuparnos lo que sucederá con los responsables de ese atropellado procedimiento que fue suficiente para liberar a aquélla, a una ciudadana francesa acusada y condenada por secuestro y que fue identificada por sus víctimas. ¿Y quién hará eso? A la espera estamos de que nos digan… y es que la SCJN no es la ventanilla para ello: “El juicio se circunscribe a los derechos que se le violaron a la ciudadana francesa; en relación a las autoridades, ésas, oficiosamente la corte no puede pronunciarse, nosotros solamente teníamos el caso de Florence Cassez en las violaciones a sus derechos fundamentales. Por otra parte, nosotros no podríamos ni constitucional ni legalmente, oficiosamente, hacernos cargo de estas responsabilidades...”

Aunque la ministra Sánchez Cordero diga que este caso no sienta precedente, inevitablemente sí lo hace. Y es que la SCJN los dicta, por eso llegan a ella casos que se piensan imposibles para su análisis; y después de lo que se votó, se abre la brecha para que muchos delincuentes, condenados o no, se abriguen con las inconsistencias procesales con las que se les haya condenado o seguido su caso, para buscar su libertad, aunque eso jamás les signifique su inocencia.

María Elena Morera, con quien también hablé ayer sobre el caso, me decía que la libertad de Cassez indica que cualquiera con un abogado tan hábil como los que ella tuvo, no tiene por qué tener miedo de perder su libertad, aunque sea identificado como culpable.

La ministra Sánchez Cordero cumplió con su mandato constitucional (y habrá dormido tranquila, como me adelantó). Pese a todo lo que generó la discusión de ayer, volvemos al punto de siempre: la impartición de justicia en México es una de sus más tristes y débiles fuerzas, porque no garantiza nada para las víctimas; y esa debilidad mucho significa a los delincuentes. Y la culpa no está en quien califica los procesos, sino, justamente, de quien los elabora, quien los inicia o, para este caso, los fabrica. Florence Cassez libre; los que faltaron al “debido proceso”, también.

Y qué duro, siempre, es topar con esta pared, la de la injusta realidad de un México que no es capaz ni de juzgar a los delincuentes... Y tan grave es que “presuntos culpables” estén en la cárcel, como que “presuntas inocentes” afuera de ella...